Expertos sostienen que la norma, aprobada en menos de cinco horas en el Congreso, puede y debe ser perfeccionada con sustento legal y técnico.
Por Silvia Torres. 18 noviembre, 2013.
Destacados especialistas participaron como ponentes.
Opiniones ciudadanas, técnicas y especializadas se dieron cita en el conversatorio ‘Ley de delitos informáticos: Límites y propuestas’, organizado por el área de Posgrados de Comunicación de la Universidad de Piura. Los asistentes destacaron que si bien es muy positivo que el Estado se preocupe por legislar, son muchos los puntos que deben ser corregidos si se busca sancionar los delitos informáticos.
El panel estuvo integrado por el Dr. Oscar Montezuma, socio principal en Montezuma & Panez y profesor de la Universidad de Piura, el Dr. Miguel Morachimo, director de la ONG Hiperderecho y especialista en entornos digitales; el Dr. Abel Revoredo, especialista en Derecho y nuevas tecnologías y la Dra. Mayte Vizcarra, managing director de IPAE Innovation Center. Además, como moderador del evento se contó con la presencia del periodista Pedro Tenorio.
El Dr. Oscar Montezuma destacó, desde su perspectiva legal, que quienes se encargan de estructurar la legislación han mostrado muchos problemas al momento de definir y aclarar los alcances de la norma, plasmándolos en lo impreciso de su discusión y lo acelerado de su aprobación. Sin embargo, resaltó que el lado positivo de esta propuesta es que actualiza y moderniza el catalogo vigente de delitos.
Resaltó que el fraude informático y la suplantación de la identidad, así como el aumento a la pena por interceptación telefónica, son los aspectos más relevantes de esta iniciativa. “Más que legislar sobre tecnología se ha sancionado sobre conductas y se requiere mayor precisión”, destacó el especialista.
El Dr. Miguel Morachimo manifestó que hace unos días el propio presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso declaró a un medio local que su despacho tenía las puertas abiertas para recibir posibles variaciones a la ley bajo un sustento técnico y legal. Razón por la cual la ONG Hiperderecho ha hecho llegar un documento en que se detallan cinco modificaciones expresas a la norma y que buscan lograr una mayor precisión en los tipos penales, evitar la penalización del ejercicio regular de un derecho y que ciertas conductas criminales tengan una pena mayor cuando se realicen usando la tecnología.
Asimismo, la Dra. Mayte Vizcarra señaló que todos los ciudadanos tienen la oportunidad de generar información y, por tanto, hay una necesidad ciudadana de contrastar información oficial y abrirla al escrutinio público. “Se habla de un gobierno abierto, ‘open data’, y, lamentablemente, normas tan amplias matan la innovación económica y comercial. El comunicador le da un valor agregado a la información y eso debe ser sopesado al definir los alcances de la norma” puntualizó.
